Por: Jorge Mejía Martínez
La comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia le puso el cascabel al gato: reconoció el fracaso de la actual política antidrogas. Tres expresidentes en compañía de importantes intelectuales de América Latina no dudaron en cuestionar los resultados de políticas soportadas en el prohibicionismo y la criminalización, luego de 30 años de lucha feroz, pero ineficaz, contra las drogas. Los más grandes editorialistas de Colombia –incluido el de El Mundo- recibieron con alivio y esperanza el pronunciamiento; el gobierno se encrespó. La Comisión recalca tres tesis que quiero destacar: en lugar de reducir la lucha contra la producción de drogas a la simple represión, reorientar la estrategia a programas de desarrollo alternativo; considerar el consumo no como un asunto de policía, sino de salud pública; y hacer énfasis en el combate a las organizaciones criminales que se alimentan del mercado de las drogas.
Colombia es el único país de Latinoamérica que utiliza el glifosato fumigado desde el aire para erradicar los cultivos. Cuantiosos recursos, vidas y esfuerzos, se consumen en una política que no ha reducido sustancialmente las áreas cultivadas; seguimos produciendo el 60% de lo que se consume en el mercado de la cocaína. Bolivia –donde no se fumiga- acaba de reclamar mayores éxitos que Colombia en la erradicación de coca. Mientras que entre 2006 y 2007 en Bolivia los plantíos aumentaron de 27.500 a 28.900 hectáreas, en Perú pasaron de 51.400 a 53.700 hectáreas y en Colombia de 78.000 a 99.000 hectáreas. De acuerdo con la cancillería Boliviana, es el único país con saldo positivo en materia de incautaciones realizadas en dicho período: mientras sus decomisos de cocaína subieron de 14 toneladas en 2006 a 17 toneladas en 2007, Perú bajó de 19,7 toneladas a 14,4 toneladas y Colombia de 127 toneladas a 126,6 toneladas. También se destacó que mientras Estados Unidos otorgó en 2007 a Bolivia 66 millones de dólares para la lucha antidroga, a Perú le concedió 103 millones de dólares y a Colombia 465 millones de dólares.
El glifosato no distingue cultivos lícitos e ilícitos; la falta de oportunidades en el campo, la precaria presencia de la institucionalidad ante la proliferación de grupos armados ilegales y la ausencia de políticas públicas audaces promotoras de la sustitución de los cultivos, no han hecho más que sumarle base social a las organizaciones de la guerrilla, el paramilitarismo y otras modalidades del narcotráfico, contribuyendo al desgaste de la importante lucha del Estado contra los promotores de la violencia. Fumigación más erradicación manual, sin sustitución de cultivos, igual a fracaso.
El Informe distingue las bondades de las políticas contra el consumo de los estados Unidos y los de Europa. En el primero, prohibicionista y represivo, las estadísticas son implacables: 5.000 estadounidenses se suman cada día a la adicción de cocaína. En Europa –con una mirada más de salud pública- el consumo se ha estabilizado e incluso en países como España se ha reducido. Las estrategias de contención son distintas. Las políticas europeas contemplan, como asunto de interés público, una amplia variedad de programas de prevención y rehabilitación. En no pocos países se desarrollan, incluso, planes de reinserción social.
En España, Unas 50.000 personas piden ayuda anualmente para abandonar las drogas. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, declaró hace pocos días su "moderado optimismo" porque en las últimas encuestas nacionales baja el número de consumidores de alcohol, tabaco y cannabis, y se mantiene el de cocaína. También aumenta la percepción de riesgo, y las dificultades para conseguir sustancias.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho del Plan antidrogas de España que se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en el que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas. La Estrategia, ha manifestado De la Vega, tiene unos objetivos "tan sencillos como vitales", que pasan por "reducir la oferta y la demanda, aumentar la información sobre los efectos de las drogas, mejorar la formación de los profesionales que atienden a los afectados y reforzar la cooperación internacional", pues el problema de las drogas traspasa las fronteras. El plan también buscará retrasar la edad de inicio y acabar con la idea de que es algo "normal" el consumo de drogas en el tiempo de ocio.
Es mejor enviar a los consumidores a las salas de los hospitales, que a las cárceles; es más humano y practico. Y a los pequeños cultivadores es preferible verlos erradicando y sustituyendo, que en brazos de las organizaciones criminales, los verdaderos enemigos.
Publicado por: Caja de Herramientas
La comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia le puso el cascabel al gato: reconoció el fracaso de la actual política antidrogas. Tres expresidentes en compañía de importantes intelectuales de América Latina no dudaron en cuestionar los resultados de políticas soportadas en el prohibicionismo y la criminalización, luego de 30 años de lucha feroz, pero ineficaz, contra las drogas. Los más grandes editorialistas de Colombia –incluido el de El Mundo- recibieron con alivio y esperanza el pronunciamiento; el gobierno se encrespó. La Comisión recalca tres tesis que quiero destacar: en lugar de reducir la lucha contra la producción de drogas a la simple represión, reorientar la estrategia a programas de desarrollo alternativo; considerar el consumo no como un asunto de policía, sino de salud pública; y hacer énfasis en el combate a las organizaciones criminales que se alimentan del mercado de las drogas.
Colombia es el único país de Latinoamérica que utiliza el glifosato fumigado desde el aire para erradicar los cultivos. Cuantiosos recursos, vidas y esfuerzos, se consumen en una política que no ha reducido sustancialmente las áreas cultivadas; seguimos produciendo el 60% de lo que se consume en el mercado de la cocaína. Bolivia –donde no se fumiga- acaba de reclamar mayores éxitos que Colombia en la erradicación de coca. Mientras que entre 2006 y 2007 en Bolivia los plantíos aumentaron de 27.500 a 28.900 hectáreas, en Perú pasaron de 51.400 a 53.700 hectáreas y en Colombia de 78.000 a 99.000 hectáreas. De acuerdo con la cancillería Boliviana, es el único país con saldo positivo en materia de incautaciones realizadas en dicho período: mientras sus decomisos de cocaína subieron de 14 toneladas en 2006 a 17 toneladas en 2007, Perú bajó de 19,7 toneladas a 14,4 toneladas y Colombia de 127 toneladas a 126,6 toneladas. También se destacó que mientras Estados Unidos otorgó en 2007 a Bolivia 66 millones de dólares para la lucha antidroga, a Perú le concedió 103 millones de dólares y a Colombia 465 millones de dólares.
El glifosato no distingue cultivos lícitos e ilícitos; la falta de oportunidades en el campo, la precaria presencia de la institucionalidad ante la proliferación de grupos armados ilegales y la ausencia de políticas públicas audaces promotoras de la sustitución de los cultivos, no han hecho más que sumarle base social a las organizaciones de la guerrilla, el paramilitarismo y otras modalidades del narcotráfico, contribuyendo al desgaste de la importante lucha del Estado contra los promotores de la violencia. Fumigación más erradicación manual, sin sustitución de cultivos, igual a fracaso.
El Informe distingue las bondades de las políticas contra el consumo de los estados Unidos y los de Europa. En el primero, prohibicionista y represivo, las estadísticas son implacables: 5.000 estadounidenses se suman cada día a la adicción de cocaína. En Europa –con una mirada más de salud pública- el consumo se ha estabilizado e incluso en países como España se ha reducido. Las estrategias de contención son distintas. Las políticas europeas contemplan, como asunto de interés público, una amplia variedad de programas de prevención y rehabilitación. En no pocos países se desarrollan, incluso, planes de reinserción social.
En España, Unas 50.000 personas piden ayuda anualmente para abandonar las drogas. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, declaró hace pocos días su "moderado optimismo" porque en las últimas encuestas nacionales baja el número de consumidores de alcohol, tabaco y cannabis, y se mantiene el de cocaína. También aumenta la percepción de riesgo, y las dificultades para conseguir sustancias.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho del Plan antidrogas de España que se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en el que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas. La Estrategia, ha manifestado De la Vega, tiene unos objetivos "tan sencillos como vitales", que pasan por "reducir la oferta y la demanda, aumentar la información sobre los efectos de las drogas, mejorar la formación de los profesionales que atienden a los afectados y reforzar la cooperación internacional", pues el problema de las drogas traspasa las fronteras. El plan también buscará retrasar la edad de inicio y acabar con la idea de que es algo "normal" el consumo de drogas en el tiempo de ocio.
Es mejor enviar a los consumidores a las salas de los hospitales, que a las cárceles; es más humano y practico. Y a los pequeños cultivadores es preferible verlos erradicando y sustituyendo, que en brazos de las organizaciones criminales, los verdaderos enemigos.
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