Por: Juan Diego Restrepo*
Los resultados de la última encuesta sobre calidad de vida en Antioquia constatan una vez más que la riqueza que se genera en esta región del país no se distribuye de manera equitativa. Una cifra así lo revela: un poco más de 2,8 millones de personas están bajo la línea de la pobreza. Miles de ellas se acuestan cada noche con hambre.
Los logros expuestos por los gobernantes en salud y educación, aunque importantes, esconden otras dimensiones de la pobreza. Asimismo, muchas acciones exhibidas mediáticamente lo único que logran es simular el arribo del desarrollo a zonas periféricas o marginales. Un ejemplo que gusta a los medios de comunicación es la llegada del Internet a una escuela rural. La imagen es sugestiva: unos niños campesinos, con mucho temor, tocan un teclado y se asoman a la pantalla para ver lo que hay en ella. A continuación se habla de progreso en medio de una escuela derruida. ¿Pero de qué le sirve a un niño o a una niña acceder desde una escuela campesina al conocimiento que le ofrece Internet si los ingresos de sus familias no le permitirán continuar los estudios de bachillerato y menos aún avanzar hacia la universidad?
Los exiguos ingresos de los campesinos se derivan de un sistema productivo en el que sólo ganan los intermediarios, quienes son los que tienen el capital suficiente para bajar y subir los precios de los productos agrícolas a su antojo. ¿Hay alguna política pública consistente que haya favorecido, por ejemplo, a los productores de panela del Nordeste antioqueño? Quienes viven de ese negocio advierten que no la hay. Productores y jornaleros están hoy más cerca del hambre que de garantizar una supervivencia digna. Para ellos, si hay poco para comer hay menos para estudiar. Por ello, un computador con línea de Internet en una escuela rural es una inclusión literalmente virtual.
Muchos afirman que la educación es factor esencial para salir de la pobreza. Pero, olvidan que su oferta es efectiva si viene acompañada de ingresos suficientes en las familias para que sus hijos accedan, se mantengan y logren graduarse como profesionales; olvidan que sólo es efectiva si es de calidad y además si está articulada a un sistema productivo capaz de absorber la fuerza de trabajo calificada y bien remunerada.
Y la educación sin plata ya la sienten las universidades. Una investigación del periodista Ricardo Cruz Baena sobre la Universidad de Antioquia arroja un dato alarmante: el 52 por ciento de los estudiantes que entran, abandonan sus estudios en los primeros cuatro semestres. Eso quiere decir que de 4.000 estudiantes en promedio que ingresan por semestre al alma mater, poco más de 2.000 deja sus estudios. El motivo: no tienen recursos suficientes para continuar sus carreras. ¿Cuál es entonces el futuro del departamento? ¿Es creíble su promesa de progreso?
Si miramos hacia la salud, la inequidad es dolorosa y la sienten aquellos que están cubiertos por el régimen subsidiado, entre ellos los campesinos más ancianos. Hace poco conocí el caso de un viejo labriego del municipio de Maceo, a quien le diagnosticaron mal una apendicitis en su pueblo y lo remitieron a un centro asistencial de un municipio del Valle de Aburrá para darle atención especializada. Después de todas las dilaciones administrativas para asegurar primero el pago de la ARS, el cuerpo médico determinó que no valía la pena hacer ninguna intervención pues ya tenía demasiada edad. El señor murió varios días después de peritonitis.
La historia no es sólo una anécdota. Según un estudio de la Contraloría General de Medellín sobre la calidad de la red de salud de Medellín, entre 2007 y el primer semestre de 2008 se registraron 502 pacientes fallecidos en los servicios de urgencias de Metrosalud. Hay dos datos relevantes: el 39.43 por ciento de los usuarios fallecidos eran responsabilidad de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, es decir, provenían de municipios por fuera del Valle de Aburrá; y el 46.45 por ciento de las aseguradoras eran del régimen subsidiado, es decir, aquellas que cubren a pacientes pobres.
Una de las conclusiones del informe es inconcebible en un pueblo que se describe como pujante: la mala calidad se debe, “en no pocos casos a la negligencia, a la carencia de sensibilidad social, al incumplimiento de deberes legales y contractuales y al ánimo de lucro de algunos actores del sistema de salud”.
Tanta pobreza y humillación en Antioquia me llevan a pensar que esa pujanza, modernidad y desarrollo son sólo parte de una imagen engañosa, sustentada en un modelo de desarrollo en el que sólo ganan unos pocos. Transformar ese modelo para lograr una distribución de la riqueza de manera equitativa es hoy un imperativo moral, político y económico si se quiere seguir hablando de bienestar en el departamento; de lo contrario, es un irrespeto con las personas más pobres, que son la mayoría.
(*) Periodista y docente universitario
Publicado en SEMANA.COM
Los resultados de la última encuesta sobre calidad de vida en Antioquia constatan una vez más que la riqueza que se genera en esta región del país no se distribuye de manera equitativa. Una cifra así lo revela: un poco más de 2,8 millones de personas están bajo la línea de la pobreza. Miles de ellas se acuestan cada noche con hambre.
Los logros expuestos por los gobernantes en salud y educación, aunque importantes, esconden otras dimensiones de la pobreza. Asimismo, muchas acciones exhibidas mediáticamente lo único que logran es simular el arribo del desarrollo a zonas periféricas o marginales. Un ejemplo que gusta a los medios de comunicación es la llegada del Internet a una escuela rural. La imagen es sugestiva: unos niños campesinos, con mucho temor, tocan un teclado y se asoman a la pantalla para ver lo que hay en ella. A continuación se habla de progreso en medio de una escuela derruida. ¿Pero de qué le sirve a un niño o a una niña acceder desde una escuela campesina al conocimiento que le ofrece Internet si los ingresos de sus familias no le permitirán continuar los estudios de bachillerato y menos aún avanzar hacia la universidad?
Los exiguos ingresos de los campesinos se derivan de un sistema productivo en el que sólo ganan los intermediarios, quienes son los que tienen el capital suficiente para bajar y subir los precios de los productos agrícolas a su antojo. ¿Hay alguna política pública consistente que haya favorecido, por ejemplo, a los productores de panela del Nordeste antioqueño? Quienes viven de ese negocio advierten que no la hay. Productores y jornaleros están hoy más cerca del hambre que de garantizar una supervivencia digna. Para ellos, si hay poco para comer hay menos para estudiar. Por ello, un computador con línea de Internet en una escuela rural es una inclusión literalmente virtual.
Muchos afirman que la educación es factor esencial para salir de la pobreza. Pero, olvidan que su oferta es efectiva si viene acompañada de ingresos suficientes en las familias para que sus hijos accedan, se mantengan y logren graduarse como profesionales; olvidan que sólo es efectiva si es de calidad y además si está articulada a un sistema productivo capaz de absorber la fuerza de trabajo calificada y bien remunerada.
Y la educación sin plata ya la sienten las universidades. Una investigación del periodista Ricardo Cruz Baena sobre la Universidad de Antioquia arroja un dato alarmante: el 52 por ciento de los estudiantes que entran, abandonan sus estudios en los primeros cuatro semestres. Eso quiere decir que de 4.000 estudiantes en promedio que ingresan por semestre al alma mater, poco más de 2.000 deja sus estudios. El motivo: no tienen recursos suficientes para continuar sus carreras. ¿Cuál es entonces el futuro del departamento? ¿Es creíble su promesa de progreso?
Si miramos hacia la salud, la inequidad es dolorosa y la sienten aquellos que están cubiertos por el régimen subsidiado, entre ellos los campesinos más ancianos. Hace poco conocí el caso de un viejo labriego del municipio de Maceo, a quien le diagnosticaron mal una apendicitis en su pueblo y lo remitieron a un centro asistencial de un municipio del Valle de Aburrá para darle atención especializada. Después de todas las dilaciones administrativas para asegurar primero el pago de la ARS, el cuerpo médico determinó que no valía la pena hacer ninguna intervención pues ya tenía demasiada edad. El señor murió varios días después de peritonitis.
La historia no es sólo una anécdota. Según un estudio de la Contraloría General de Medellín sobre la calidad de la red de salud de Medellín, entre 2007 y el primer semestre de 2008 se registraron 502 pacientes fallecidos en los servicios de urgencias de Metrosalud. Hay dos datos relevantes: el 39.43 por ciento de los usuarios fallecidos eran responsabilidad de la Dirección Seccional de Salud de Antioquia, es decir, provenían de municipios por fuera del Valle de Aburrá; y el 46.45 por ciento de las aseguradoras eran del régimen subsidiado, es decir, aquellas que cubren a pacientes pobres.
Una de las conclusiones del informe es inconcebible en un pueblo que se describe como pujante: la mala calidad se debe, “en no pocos casos a la negligencia, a la carencia de sensibilidad social, al incumplimiento de deberes legales y contractuales y al ánimo de lucro de algunos actores del sistema de salud”.
Tanta pobreza y humillación en Antioquia me llevan a pensar que esa pujanza, modernidad y desarrollo son sólo parte de una imagen engañosa, sustentada en un modelo de desarrollo en el que sólo ganan unos pocos. Transformar ese modelo para lograr una distribución de la riqueza de manera equitativa es hoy un imperativo moral, político y económico si se quiere seguir hablando de bienestar en el departamento; de lo contrario, es un irrespeto con las personas más pobres, que son la mayoría.
(*) Periodista y docente universitario
Publicado en SEMANA.COM
