Por: Alfredo Molano Bravo
Los publicistas usan medios perversos como la utilización de voces infantiles —tiernas, consentidas, pegajosas— para crear en sus audiencias determinadas imágenes. Los niños que oyen esta abusiva propaganda de la Dirección de Estupefacientes —seguramente pagada con dineros de la DEA— tienen que imaginarse el país como una gran carnicería. Y a quienes cultivan la marihuana y la coca, campesinos, colonos e indígenas, como unos monstruosos asesinos con las manos untadas de sangre. Los niños tenderán a generalizar esta imagen y a mirar a cualquier pobre como un criminal.
Pero, además, Estupefacientes pone a los niños a decir mentiras y a creérselas, porque ninguna mata, mata. Y los pone a mentir en materia grave: la guerra. ¿No es esta una manera cínica de meter a la niñez en los campos de batalla? Unicef, especializada en gritos de fariseos, no dice ni mu, y hasta con cierta razón, porque teme el papirotazo de su excelencia.
No hay ninguna mata que mate, o por lo menos que mate por contacto directo. Ni siquiera el borrachero, arboloco, cacao sabanero o floripondio mata a la gente. No hay ninguna mata a la que se le pueda echar la culpa de la guerra. Sólo en las mentes del Presidente y de algunos militares cabe la tesis de que hay “matas de cocaína”, que es como decir que hay árboles de aspirina. Desde hace miles de años, la coca es un arbusto sagrado para la mayoría de comunidades indígenas; lo cultivan las mujeres, y sus hojas secas, mezcladas con hojas de yarumo tostadas o con conchitas molidas, son consumidas en forma ritual por los hombres adultos.
Sin la coca los indígenas no habrían resistido la salvaje invasión europea. Las hojas de coca no sólo no matan, sino que son de los alimentos más nutritivos que existen. La propaganda de la niñita a media lengua que llama a criminalizar a sus cultivadores hace parte de hecho, de la ola que legitima las masacres contra los pueblos kankuamo, emberas-chami, awá, y nasa, para hablar sólo de los grupos golpeados este año. La propaganda no es la culpable, claro está, pero justifica a los ojos de los niños matar a los que cultivan matas que matan. La verdad es otra: si a los indígenas les quitan sus matas de coca, los matan.
Uribe va en contravía de los vientos que corren en materia de drogas ilegales. Los ex presidentes Gaviria; Zedillo, de México, y Cardoso, de Brasil, han declarado que la “guerra a las drogas” ha fracasado rotundamente, e incluyen en ese fracaso el Plan Colombia. La guerra contra las drogas sólo ha dejado —¡esa sí!— muertos y corrupción y representa hoy la mayor amenaza contra la democracia y la paz. Los ex presidentes han pedido la descriminalización de la marihuana para uso personal. Sin duda, el mensaje está dirigido a Obama, con la idea no descabellada de que el nuevo gobernante “revise a profundidad” las políticas antidrogas.
Como era de esperarse, Uribe brincó a la media hora y ordenó a sus escuadrones parlamentarios cerrarle el paso a la legalización, enterrar la dosis mínima y tratar a los consumidores como enfermos mentales. La posición de Uribe va más allá de su guerrerismo y su pacatería; el tiro va —es evidente— contra Carlos Gaviria, que fue el magistrado ponente en la Corte Constitucional de la razonable dosis mínima, y contra Ernesto Samper, que hace años pidió lo que ahora Gaviria pide. Sólo cabe rezarle al padre Marianito que ni el Presidente ni su par de angelitos sufran cualquier día una crisis artrítica.
Publicado por: El Espectador
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La mata que mata
La estrategia prohibicionista
Por: Alejandro Gaviria
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, hizo esta semana un llamado al pragmatismo, al análisis objetivo de las políticas contra el tráfico de drogas, al estudio científico de las diversas alternativas.
“Las nuevas políticas —dijo la Comisión— deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos… en evaluaciones rigurosas del impacto de las diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista”. La Comisión, en últimas, propuso, más que una serie de medidas concretas, un enfoque distinto, más técnico y menos político, más pragmático y menos ideológico.
El Gobierno colombiano no tardó en responder, en manifestar su descuerdo con la propuesta de la Comisión. Primero el Presidente conminó a su bancada parlamentaria a cerrar filas en contra de la legalización de la droga, una medida que “riñe con las políticas de este Gobierno”. Más tarde el Ministro de Defensa invitó a la Comisión a untarse de realidad, a escuchar el clamor mayoritario en contra de cualquier asomo de permisividad. Y luego el Ministerio del Interior reiteró que Colombia seguirá siendo un líder mundial en la heroica guerra contra los traficantes de drogas. “El debate no es sólo ideológico ni menos aún de opciones pragmáticas. Es un compromiso que toda una Nación ha asumido con valor y entrega”, dice el comunicado del Ministerio del Interior en un intento por rechazar prematuramente la invitación a pasar de la ideología al pragmatismo.
La guerra contra las drogas ha sido históricamente motivada por razones ideológicas. La Comisión propuso un cambio de enfoque, hizo una invitación al pragmatismo. Pero el Gobierno colombiano rechazó de entrada la posibilidad de un escrutinio tecnocrático, de una evaluación abierta de los costos y los beneficios de las políticas antidroga. El Gobierno quiere mantener la discusión en el plano ideológico. Los números no le interesan. Prefiere las declaraciones de principios, la retórica (ya gastada) del heroísmo, la apelación (facilista) a la voluntad popular o al moralismo indignado de las mayorías. En suma, el Gobierno insiste en politizar el debate.
La guerra contra las drogas es un producto de la guerra fría, de los odios políticos de Richard Nixon. Inicialmente estuvo dirigida en contra de la marihuana (miles de hectáreas fueron fumigadas en México, por ejemplo) pues la yerba se había convertido en un distintivo de los opositores a la guerra anticomunista en Vietnam. En septiembre de 1973, meses después de su creación, la DEA ejecutó su primera misión internacional en Chile. En pocos días logró que Augusto Pinochet extraditara 19 narcotraficantes a los Estados Unidos. La extradición tuvo esencialmente motivaciones políticas. La DEA pudo convencer al dictador chileno de que los narcotraficantes estaban financiando grupos clandestinos de izquierda. La política antidroga ha estado, desde sus orígenes, influida por la paranoia de la guerra fría.
La Comisión propone romper con esta tradición. Pero el Gobierno colombiano insiste en la politización del debate. Los proponentes de la legalización son considerados, sin excepción, enemigos políticos: blandengues, apaciguadores o (peor todavía) socialbacanes sin oficio. En la peor tradición de la guerra fría, el Gobierno no permitió el debate, redujo la cuestión a una distinción maniquea entre buenos y malos.
Publicado por: Blogger
La Comisión Latinoamericana sobre Drogas y Democracia, liderada por los ex presidentes César Gaviria, Ernesto Zedillo y Fernando Henrique Cardoso, hizo esta semana un llamado al pragmatismo, al análisis objetivo de las políticas contra el tráfico de drogas, al estudio científico de las diversas alternativas.
“Las nuevas políticas —dijo la Comisión— deben basarse en estudios científicos y no en principios ideológicos… en evaluaciones rigurosas del impacto de las diversas propuestas y medidas alternativas a la estrategia prohibicionista”. La Comisión, en últimas, propuso, más que una serie de medidas concretas, un enfoque distinto, más técnico y menos político, más pragmático y menos ideológico.
El Gobierno colombiano no tardó en responder, en manifestar su descuerdo con la propuesta de la Comisión. Primero el Presidente conminó a su bancada parlamentaria a cerrar filas en contra de la legalización de la droga, una medida que “riñe con las políticas de este Gobierno”. Más tarde el Ministro de Defensa invitó a la Comisión a untarse de realidad, a escuchar el clamor mayoritario en contra de cualquier asomo de permisividad. Y luego el Ministerio del Interior reiteró que Colombia seguirá siendo un líder mundial en la heroica guerra contra los traficantes de drogas. “El debate no es sólo ideológico ni menos aún de opciones pragmáticas. Es un compromiso que toda una Nación ha asumido con valor y entrega”, dice el comunicado del Ministerio del Interior en un intento por rechazar prematuramente la invitación a pasar de la ideología al pragmatismo.
La guerra contra las drogas ha sido históricamente motivada por razones ideológicas. La Comisión propuso un cambio de enfoque, hizo una invitación al pragmatismo. Pero el Gobierno colombiano rechazó de entrada la posibilidad de un escrutinio tecnocrático, de una evaluación abierta de los costos y los beneficios de las políticas antidroga. El Gobierno quiere mantener la discusión en el plano ideológico. Los números no le interesan. Prefiere las declaraciones de principios, la retórica (ya gastada) del heroísmo, la apelación (facilista) a la voluntad popular o al moralismo indignado de las mayorías. En suma, el Gobierno insiste en politizar el debate.
La guerra contra las drogas es un producto de la guerra fría, de los odios políticos de Richard Nixon. Inicialmente estuvo dirigida en contra de la marihuana (miles de hectáreas fueron fumigadas en México, por ejemplo) pues la yerba se había convertido en un distintivo de los opositores a la guerra anticomunista en Vietnam. En septiembre de 1973, meses después de su creación, la DEA ejecutó su primera misión internacional en Chile. En pocos días logró que Augusto Pinochet extraditara 19 narcotraficantes a los Estados Unidos. La extradición tuvo esencialmente motivaciones políticas. La DEA pudo convencer al dictador chileno de que los narcotraficantes estaban financiando grupos clandestinos de izquierda. La política antidroga ha estado, desde sus orígenes, influida por la paranoia de la guerra fría.
La Comisión propone romper con esta tradición. Pero el Gobierno colombiano insiste en la politización del debate. Los proponentes de la legalización son considerados, sin excepción, enemigos políticos: blandengues, apaciguadores o (peor todavía) socialbacanes sin oficio. En la peor tradición de la guerra fría, el Gobierno no permitió el debate, redujo la cuestión a una distinción maniquea entre buenos y malos.
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Fracasó la política antidrogas
Por: Jorge Mejía Martínez
La comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia le puso el cascabel al gato: reconoció el fracaso de la actual política antidrogas. Tres expresidentes en compañía de importantes intelectuales de América Latina no dudaron en cuestionar los resultados de políticas soportadas en el prohibicionismo y la criminalización, luego de 30 años de lucha feroz, pero ineficaz, contra las drogas. Los más grandes editorialistas de Colombia –incluido el de El Mundo- recibieron con alivio y esperanza el pronunciamiento; el gobierno se encrespó. La Comisión recalca tres tesis que quiero destacar: en lugar de reducir la lucha contra la producción de drogas a la simple represión, reorientar la estrategia a programas de desarrollo alternativo; considerar el consumo no como un asunto de policía, sino de salud pública; y hacer énfasis en el combate a las organizaciones criminales que se alimentan del mercado de las drogas.
Colombia es el único país de Latinoamérica que utiliza el glifosato fumigado desde el aire para erradicar los cultivos. Cuantiosos recursos, vidas y esfuerzos, se consumen en una política que no ha reducido sustancialmente las áreas cultivadas; seguimos produciendo el 60% de lo que se consume en el mercado de la cocaína. Bolivia –donde no se fumiga- acaba de reclamar mayores éxitos que Colombia en la erradicación de coca. Mientras que entre 2006 y 2007 en Bolivia los plantíos aumentaron de 27.500 a 28.900 hectáreas, en Perú pasaron de 51.400 a 53.700 hectáreas y en Colombia de 78.000 a 99.000 hectáreas. De acuerdo con la cancillería Boliviana, es el único país con saldo positivo en materia de incautaciones realizadas en dicho período: mientras sus decomisos de cocaína subieron de 14 toneladas en 2006 a 17 toneladas en 2007, Perú bajó de 19,7 toneladas a 14,4 toneladas y Colombia de 127 toneladas a 126,6 toneladas. También se destacó que mientras Estados Unidos otorgó en 2007 a Bolivia 66 millones de dólares para la lucha antidroga, a Perú le concedió 103 millones de dólares y a Colombia 465 millones de dólares.
El glifosato no distingue cultivos lícitos e ilícitos; la falta de oportunidades en el campo, la precaria presencia de la institucionalidad ante la proliferación de grupos armados ilegales y la ausencia de políticas públicas audaces promotoras de la sustitución de los cultivos, no han hecho más que sumarle base social a las organizaciones de la guerrilla, el paramilitarismo y otras modalidades del narcotráfico, contribuyendo al desgaste de la importante lucha del Estado contra los promotores de la violencia. Fumigación más erradicación manual, sin sustitución de cultivos, igual a fracaso.
El Informe distingue las bondades de las políticas contra el consumo de los estados Unidos y los de Europa. En el primero, prohibicionista y represivo, las estadísticas son implacables: 5.000 estadounidenses se suman cada día a la adicción de cocaína. En Europa –con una mirada más de salud pública- el consumo se ha estabilizado e incluso en países como España se ha reducido. Las estrategias de contención son distintas. Las políticas europeas contemplan, como asunto de interés público, una amplia variedad de programas de prevención y rehabilitación. En no pocos países se desarrollan, incluso, planes de reinserción social.
En España, Unas 50.000 personas piden ayuda anualmente para abandonar las drogas. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, declaró hace pocos días su "moderado optimismo" porque en las últimas encuestas nacionales baja el número de consumidores de alcohol, tabaco y cannabis, y se mantiene el de cocaína. También aumenta la percepción de riesgo, y las dificultades para conseguir sustancias.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho del Plan antidrogas de España que se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en el que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas. La Estrategia, ha manifestado De la Vega, tiene unos objetivos "tan sencillos como vitales", que pasan por "reducir la oferta y la demanda, aumentar la información sobre los efectos de las drogas, mejorar la formación de los profesionales que atienden a los afectados y reforzar la cooperación internacional", pues el problema de las drogas traspasa las fronteras. El plan también buscará retrasar la edad de inicio y acabar con la idea de que es algo "normal" el consumo de drogas en el tiempo de ocio.
Es mejor enviar a los consumidores a las salas de los hospitales, que a las cárceles; es más humano y practico. Y a los pequeños cultivadores es preferible verlos erradicando y sustituyendo, que en brazos de las organizaciones criminales, los verdaderos enemigos.
Publicado por: Caja de Herramientas
La comisión Latinoamericana sobre drogas y democracia le puso el cascabel al gato: reconoció el fracaso de la actual política antidrogas. Tres expresidentes en compañía de importantes intelectuales de América Latina no dudaron en cuestionar los resultados de políticas soportadas en el prohibicionismo y la criminalización, luego de 30 años de lucha feroz, pero ineficaz, contra las drogas. Los más grandes editorialistas de Colombia –incluido el de El Mundo- recibieron con alivio y esperanza el pronunciamiento; el gobierno se encrespó. La Comisión recalca tres tesis que quiero destacar: en lugar de reducir la lucha contra la producción de drogas a la simple represión, reorientar la estrategia a programas de desarrollo alternativo; considerar el consumo no como un asunto de policía, sino de salud pública; y hacer énfasis en el combate a las organizaciones criminales que se alimentan del mercado de las drogas.
Colombia es el único país de Latinoamérica que utiliza el glifosato fumigado desde el aire para erradicar los cultivos. Cuantiosos recursos, vidas y esfuerzos, se consumen en una política que no ha reducido sustancialmente las áreas cultivadas; seguimos produciendo el 60% de lo que se consume en el mercado de la cocaína. Bolivia –donde no se fumiga- acaba de reclamar mayores éxitos que Colombia en la erradicación de coca. Mientras que entre 2006 y 2007 en Bolivia los plantíos aumentaron de 27.500 a 28.900 hectáreas, en Perú pasaron de 51.400 a 53.700 hectáreas y en Colombia de 78.000 a 99.000 hectáreas. De acuerdo con la cancillería Boliviana, es el único país con saldo positivo en materia de incautaciones realizadas en dicho período: mientras sus decomisos de cocaína subieron de 14 toneladas en 2006 a 17 toneladas en 2007, Perú bajó de 19,7 toneladas a 14,4 toneladas y Colombia de 127 toneladas a 126,6 toneladas. También se destacó que mientras Estados Unidos otorgó en 2007 a Bolivia 66 millones de dólares para la lucha antidroga, a Perú le concedió 103 millones de dólares y a Colombia 465 millones de dólares.
El glifosato no distingue cultivos lícitos e ilícitos; la falta de oportunidades en el campo, la precaria presencia de la institucionalidad ante la proliferación de grupos armados ilegales y la ausencia de políticas públicas audaces promotoras de la sustitución de los cultivos, no han hecho más que sumarle base social a las organizaciones de la guerrilla, el paramilitarismo y otras modalidades del narcotráfico, contribuyendo al desgaste de la importante lucha del Estado contra los promotores de la violencia. Fumigación más erradicación manual, sin sustitución de cultivos, igual a fracaso.
El Informe distingue las bondades de las políticas contra el consumo de los estados Unidos y los de Europa. En el primero, prohibicionista y represivo, las estadísticas son implacables: 5.000 estadounidenses se suman cada día a la adicción de cocaína. En Europa –con una mirada más de salud pública- el consumo se ha estabilizado e incluso en países como España se ha reducido. Las estrategias de contención son distintas. Las políticas europeas contemplan, como asunto de interés público, una amplia variedad de programas de prevención y rehabilitación. En no pocos países se desarrollan, incluso, planes de reinserción social.
En España, Unas 50.000 personas piden ayuda anualmente para abandonar las drogas. El ministro de Sanidad, Bernat Soria, declaró hace pocos días su "moderado optimismo" porque en las últimas encuestas nacionales baja el número de consumidores de alcohol, tabaco y cannabis, y se mantiene el de cocaína. También aumenta la percepción de riesgo, y las dificultades para conseguir sustancias.
La vicepresidenta primera del Ejecutivo, María Teresa Fernández de la Vega, ha dicho del Plan antidrogas de España que se trata de "un gran pacto institucional, social y científico contra las drogodependencias" en el que "la clave es la prevención", avanzando que se van a continuar desarrollando campañas de concienciación sobre los riesgos que conlleva el consumo de drogas. La Estrategia, ha manifestado De la Vega, tiene unos objetivos "tan sencillos como vitales", que pasan por "reducir la oferta y la demanda, aumentar la información sobre los efectos de las drogas, mejorar la formación de los profesionales que atienden a los afectados y reforzar la cooperación internacional", pues el problema de las drogas traspasa las fronteras. El plan también buscará retrasar la edad de inicio y acabar con la idea de que es algo "normal" el consumo de drogas en el tiempo de ocio.
Es mejor enviar a los consumidores a las salas de los hospitales, que a las cárceles; es más humano y practico. Y a los pequeños cultivadores es preferible verlos erradicando y sustituyendo, que en brazos de las organizaciones criminales, los verdaderos enemigos.
Publicado por: Caja de Herramientas
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